Modificación de la distribución del Impuesto a los Combustibles
Proyecto de ley para redistribuir a favor de provincias y municipios los recursos del Impuesto a los Combustibles que hoy se acumulan en fideicomisos nacionales sin ejecutar.
El Estado nacional cobra pero no ejecuta. Es hora de que las provincias controlen los recursos que ellas mismas generan.
Resumen ciudadano
El proyecto modifica la distribución del Impuesto a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono (Ley N° 23.966) para que las provincias controlen los recursos viales que ya aportan.
Problema que aborda
El Fideicomiso de Infraestructura de Transporte recibió más de $1,3 billones pero exhibe un superávit financiero de $641.448,6 millones: el dinero existe y no se ejecuta.
Qué propone
Detraer el 13,54% (SISVIAL) del Fideicomiso de Transporte y el 4,31% del Fideicomiso Hídrico para reasignarlos a las provincias, e incorporar la distribución del Impuesto al Dióxido de Carbono en un artículo separado para transición energética.
Impacto real
Las transferencias efectivas para obras del Fideicomiso de Transporte apenas llegaron a $277.879 millones; el Fideicomiso Hídrico redujo sus gastos de capital casi un 95% real.
Qué significa para Salta
Recursos que se acumulan en Buenos Aires mientras los caminos de Salta se deterioran. El proyecto busca devolver a las provincias el control de recursos que ya generan.
Qué significa para las provincias
El artículo 75 inciso 2° de la Constitución establece que no puede haber transferencia de competencias sin la correspondiente reasignación de recursos.
Posición de Flavia
No es una iniciativa aislada: es parte de una línea consistente de defensa del federalismo fiscal y de la autonomía municipal para gestionar infraestructura.
El Estado nacional cobra pero no ejecuta
El Fideicomiso de Infraestructura de Transporte recibe el 28,58% del impuesto a los combustibles, destinado a obra vial. Sin embargo, el Informe de Ejecución Presupuestaria del cuarto trimestre de 2025 muestra que, a pesar de recibir más de $1,3 billones, el fondo exhibe un superávit financiero de $641.448,6 millones. Las transferencias efectivas para obras apenas llegaron a $277.879 millones. El dinero existe; no se ejecuta.
Lo mismo ocurre con el Fideicomiso de Infraestructura Hídrica: sus gastos de capital se redujeron casi un 95% en términos reales durante 2024 respecto de 2023.
Qué cambia con el proyecto
El proyecto propone detraer del Fideicomiso de Transporte el 13,54% correspondiente al SISVIAL y reasignarlo a las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, para que sean ellas quienes controlen los recursos viales que hoy están a su cargo de hecho. También reasigna el 4,31% del Fideicomiso Hídrico e incorpora la distribución del Impuesto al Dióxido de Carbono en un artículo separado, orientado a la transición energética y la adaptación al cambio climático.
El argumento constitucional
El artículo 75 inciso 2° de la Constitución establece que no puede haber transferencia de competencias sin la correspondiente reasignación de recursos. Cuando el Estado nacional deja de hacer obra pública y esa responsabilidad recae de hecho en las provincias y los municipios, hay una transferencia implícita de obligaciones que viola ese principio.