Presupuesto Nacional 2026
Acompañamiento en general en defensa del federalismo fiscal, con disidencia en el artículo 30. Para Salta, tener presupuesto no es un debate ideológico: es existencial.
Acompañar no es callar. Acompañar es también proponer, corregir y construir mejores acuerdos.
Resumen ciudadano
El Presupuesto es la ley que ordena en qué gasta el Estado nacional cada año. Sin ley, las transferencias a provincias, municipios y universidades quedan libradas a la discrecionalidad del Ejecutivo.
Problema que aborda
La Argentina acumula años de anormalidad presupuestaria: sin ley en 2011 y 2022, y con presupuestos reconducidos desde 2023. Eso erosiona el rol del Congreso y debilita la planificación del Estado.
Qué propone
Acompañar el Presupuesto en general para garantizar previsibilidad a las provincias, sin resignar el deber de señalar lo que está mal: la disidencia concreta fue sobre el artículo 30 del capítulo de Normas de los Gastos.
Impacto real
La Planilla N° 18 detalla un gasto de la Administración Nacional en Salta de $3.112.396 millones. En obra pública e infraestructura, Salta fue la provincia más beneficiada del país.
Qué significa para Salta
Casi tres cuartas partes de los recursos que recibe Salta dependen del Presupuesto nacional. Incluye $42.457 millones en obras de Vialidad Nacional, jubilaciones, AUH, universidades y programas sociales.
Qué significa para las provincias
Un presupuesto reconducido o sin ley genera incertidumbre sobre transferencias a todas las provincias y habilita la discrecionalidad del Ejecutivo en el gasto público.
Posición de Flavia
El voto positivo en general fue por responsabilidad institucional, no por complacencia. El acompañamiento no significó silencio: el Presupuesto fue construido sobre supuestos macroeconómicos excesivamente optimistas y una distribución que sigue castigando a las provincias.
Por qué importa tener presupuesto
La Argentina acumula años de anormalidad presupuestaria: no tuvo ley en 2011, tampoco en 2022, y desde 2023 opera con presupuestos reconducidos. Esa situación no es un tecnicismo: erosiona el rol constitucional del Congreso, concentra decisiones estratégicas en reasignaciones discrecionales del Ejecutivo y debilita la capacidad del Estado de planificar a mediano plazo.
Para Salta el debate es todavía más concreto. Casi tres cuartas partes de los recursos que recibe la provincia dependen del Presupuesto nacional. Por eso, como quedó explícito en el recinto, para Salta esta discusión no es ideológica: es existencial.
Acompañar con responsabilidad, cuestionar con convicción
El voto positivo en general no fue por complacencia, sino por responsabilidad institucional. La ausencia de presupuesto es, en los hechos, la negación del federalismo: genera incertidumbre en las transferencias a provincias, municipios y universidades, complica el financiamiento y habilita la discrecionalidad del Ejecutivo en el gasto público.
La disidencia concreta fue sobre el artículo 30 del capítulo de Normas de los Gastos. La posición fue clara: ese artículo era incorrecto. Pero votar en contra del capítulo completo habría implicado quedarse sin presupuesto, una consecuencia peor para las provincias que la norma objetada. Por eso la disidencia fue puntual y fundamentada.
La advertencia de fondo
El acompañamiento no significó silencio sobre los problemas estructurales. El Presupuesto fue construido sobre supuestos macroeconómicos excesivamente optimistas que pueden comprometer su ejecución real. Y la estructura de distribución de recursos sigue castigando a las provincias, que sostienen el equilibrio fiscal mientras financian con recursos propios funciones que debería asumir el Estado nacional.
El seguimiento de la ejecución real de las partidas asignadas a Salta es, por eso, una responsabilidad permanente de la banca: que el dinero comprometido en el papel se traduzca efectivamente en obras y servicios concretos.