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Proyecto de comunicación/8 de abril de 2026/Institucionalidad

Situación del IOSFA — Obra Social de las Fuerzas Armadas

Proyecto de comunicación sobre la disolución del IOSFA y la creación de dos nuevas obras sociales, con foco en la continuidad de tratamientos de 600.000 afiliados.

Una decisión administrativa no puede traducirse en abandono sanitario.

Resumen ciudadano

Un pedido de informes para garantizar que la reestructuración del IOSFA no interrumpa los tratamientos de salud de sus afiliados.

Problema que aborda

El IOSFA cerró 2023 con superávit y un año después acumulaba un déficit superior a $122.000 millones. Se denunciaron demoras en medicación antirretroviral, oncológica y para patologías crónicas.

Qué propone

Solicitar el cronograma de transición, la continuidad de tratamientos en curso, el manejo del pasivo de $200.000 millones y los criterios para dividir el padrón de afiliados.

Impacto real

El proceso afecta a 600.000 afiliados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad nacionales.

Posición de Flavia

La reestructuración debe garantizar la continuidad de los tratamientos de los más vulnerables: una decisión administrativa no puede traducirse en abandono sanitario.

De un superávit a una crisis

El IOSFA cerró el ejercicio 2023 con superávit. Un año después, el déficit acumulado superaba los $122.000 millones, una cifra que se quintuplicó bajo gestiones sucesivas. En julio de 2025, la Fundación Huésped denunció la falta de entrega de medicación antirretroviral a pacientes con VIH; también se denunciaron demoras en tratamientos oncológicos y en medicación para patologías crónicas.

Qué información se solicita

El proyecto de comunicación pide precisiones sobre el proceso de disolución del IOSFA y la creación de dos nuevas obras sociales (OSFA y OSFFSEG): cronograma de transición, continuidad de los tratamientos en curso, manejo del pasivo de $200.000 millones y criterios para la división del padrón de afiliados.

El proceso afecta a 600.000 afiliados de las Fuerzas Armadas y de Seguridad nacionales. La exigencia es clara: la reestructuración debe garantizar la continuidad de los tratamientos de los más vulnerables. Una decisión administrativa no puede traducirse en abandono sanitario.